La década de los ochentas se inició en medio de la más profunda crisis económica, producto del agotamiento del estilo de desarrollo, que llevó al país a un creciente endeudamiento externo y a un incremento de los niveles de pobreza.

La creciente y descontrolada urbanización, así como las políticas de estabilización -que dejaron de lado las de redistribución del ingreso a través del gasto público-, produjeron cambios en la oferta y demanda de bienes y servicios culturales, y afectaron el desarrollo de la institucionalidad cultural, debido a los recortes que se aplicaron en el gasto público para afrontar la crisis.

Pese a esta situación y al ajuste fiscal, fue durante esta década cuando por primera vez los planes nacionales de desarrollo abordan de manera explícita el tema de la política cultural, en los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco.

Durante el período presidencial de Belisario Betancur (1982 - 1986), se planteó una serie de propuestas en torno a la resolución pacífica del conflicto armado y la reforma de las instituciones políticas; esta última comprendía, entre otras, reformas de los partidos políticos y del sistema electoral, y la democratización y ampliación de la vida política municipal y regional.

En este marco, y con el antecedente de haber anunciado en su Plan de Desarrollo "Cambio con Equidad" la necesidad de una política cultural, durante el gobierno de Betancur se formuló un 'Plan Sectorial de Desarrollo Cultural 1983 - 1985", el cual se trazó como objetivo garantizar las expresiones culturales regionales, mediante la descentralización de la administración y la prestación de servicios culturales. Durante esta misma época, y como parte del auge de los discursos de la planeación regional y nacional, se dan los primeros pasos con relación a la planeación cultural del nivel departamental, proceso que es liderado por el departamento de Antioquia.

Los problemas del endeudamiento externo que presionan el incremento de las tarifas de servicios públicos y los productos derivados del petróleo, acrecentaron el descontento popular e intensificaron las protestas populares reivindicativas y contestatarias, expresadas por causes extra institucionales. De manera simultánea al incremento de paros y protestas cívicas, se manifiesta un crecimiento en la creación de organizaciones no gubernamentales, que cada vez más eran reconocidas como agentes del desarrollo cultural con amplio potencial de acción. De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Social, cerca de la mitad de las organizaciones no gubernamentales creadas en este tiempo se desempeñaban en el campo del desarrollo; el 21,8% eran prestadoras de servicios, 13,1% correspondía a formas asociativas de base y 10,8% a protección y asistencia.

En el ámbito institucional, en 1982, a través de la expedición de la Ley 23 “Sobre Derechos de Autor”, se dispuso la creación de la Dirección del Derecho de Autor, como sección de dicho Ministerio, la cual se estructuró posteriormente como una Dirección Nacional, con una Oficina de Registro, una División Legal y una División de Licencias. En 1991, esta dependencia se convirtió en una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.