El país, al igual que el continente, inicia la última década del siglo adoptando políticas de ajuste -reducción del Estado, abolición de proteccionismo y autorregulación del mercado-, diseñadas dentro del modelo neoliberal, como una salida a la crisis de los ochentas.

No obstante, los primeros años de la década de los noventas fueron significativos en materia de consolidación de una política cultural. En 1990 se presentó al país un documento llamado "Nueva orientación de una política cultural para Colombia", bajo el lema "Una cultura para la democracia y una democracia para la cultura", el cual identificó tres áreas de acción de la política estatal cultural: preservación del patrimonio cultural, democratización del acceso a la cultura y formación del talento artístico, además de contemplar la incorporación de la dimensión cultural en los planes de desarrollo y en el proceso de descentralización administrativa. Este Plan avanza en el consenso político, al ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y al adelantar en su proceso de formulación un intercambio y diálogo con diversas regiones.

Posteriormente, en el marco de la elección de designados y trabajo preparatorio para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente -que reformaría la carta política-, Colcultura, en asocio con diversas entidades, convocó al Foro Sobre Cultura y Constituyente, con el propósito de discutir las posturas oficiales y de la sociedad civil en torno a este tema, y llamar la atención de candidatos presidenciales y constituyentes sobre el potencial de la cultura en los procesos sociales, que en ese momento vivía el país.

Con este trabajo y con una serie de discusiones regionales y nacionales, que postulaban la descentralización y regionalización del trabajo cultural, el reconocimiento del quehacer cultural de las regiones y de las fuerzas sociales que en ella actuaban, así como la formulación de políticas culturales integradas que permitieran superar la desintegración y debilidad del sector, se dio inicio a la reforma constitucional en los temas de cultura.

La Constitución Política de 1991, sin lugar a dudas, incorporó preceptos que han sido fundamentales en el planteamiento de las políticas culturales, y que se expresan en la aceptación de la plurietnicidad y la pluriculturalidad del país, y en la postulación de la cultura como fundamento de la nacionalidad y para el logro del desarrollo económico y social.

El camino recorrido posteriormente se enmarca en los dos planes nacionales de cultura, "La Cultura en los Tiempos de Transición (1991 - 1994)" y el "Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el Camino de la Paz, el Desarrollo y la Cultura hacia el Siglo XXI".

En el primero se contempla, entre otros aspectos, la descentralización, y en ella el municipio como escenario propicio para el desarrollo cultural, la reestructuración y consolidación de los consejos regionales y locales de cultura, y la constitución de los fondos mixtos regionales y locales.

El Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994 recoge algunos de los postulados constitucionales, tales como la pluralidad cultural y diversidad étnica, y la democracia participativa. En éste se contempla el Sistema Nacional de Cultura como estrategia que posibilita el desarrollo cultural y permite el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, a través de los consejos departamentales y municipales, y de la financiación institucional a través de los fondos mixtos nacional y regionales para la cultura y las artes.

La creación de espacios de concertación, de procesos de desarrollo institucional, de información y planificación, y de instancias de ejecución de las acciones culturales en el ámbito municipal, departamental, regional y nacional, son el camino esbozado en el plan para consolidar los principios consignados en la Constitución Política de 1991.

En 1997, después de un largo proceso de consultas y cabildeos políticos, nace la Ley General de Cultura, en la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política de Colombia de 1991, y se dictan normas sobre el patrimonio cultural, el fomento, los estímulos a la cultura y la creación del Ministerio de Cultura.

La Ley General de Cultura se constituye en un marco normativo que permite construir políticas que propicien el acceso democrático al conocimiento, a la creación y goce de los bienes culturales y servicios; que fomenten e incentiven la creación y la investigación; y que protejan el patrimonio cultural de la Nación, armonizando iniciativas estatales, privadas y comunitarias.

La Ley General de Cultura señala -en su Título IV, “De la gestión cultural”-, como camino para la construcción de una política cultural nacional actual, al Sistema Nacional de Cultura, que constituye una estrategia privilegiada para que las regiones y los diversos sectores culturales participen en el Consejo Nacional de Cultura, órgano asesor del Ministerio de Cultura para la formulación de las políticas culturales participativas y concertadas.

En el año 2000, en cumplimiento de lo referido en la Ley de Cultura, el Ministerio de Cultura convoca un proceso de consulta ciudadana, en el que participaron más del 60% de los municipios colombianos, para formular las bases del Plan Nacional de Cultura y para elegir los delegados al Consejo Nacional de Cultura.

En julio de 2001, el Ministerio de Cultura, junto con el Consejo Nacional de Cultura y los diversos sectores allí representados, diseñan el Plan Decenal de Cultura 2001 - 2010, el cual orientará la política cultural del país en los próximos años.

Para el período 2002 - 2006, y partiendo de la filosofía del trabajo en equipo con instituciones, líderes de proyectos y ciudadanía, se identificaron cinco líneas de acción que encausarán el devenir cultural durante este lapso.

Estas cinco líneas de acción: Fomento y estímulo a la creación; Cultura para construir Nación; Descentralización y participación ciudadana; Nuestra cultura ante el mundo; y Cultura como eje de desarrollo, están orientadas a fomentar la solidaridad, la convivencia pacífica, y el acceso amplio y democrático a la creación y al disfrute de las manifestaciones culturales.

Para el Fomento a los procesos de investigación, creación y gestión se incluyen estrategias como la reglamentación del Fondo Mixto Nacional y de la Ley de incentivos tributarios, lo que estimulará la inversión en cultura por parte de la empresa privada. Las convocatorias de becas y premios serán divulgadas a lo largo y ancho del país, para garantizar la participación democrática. Es destacable la reorientación que tendrá el Programa Nacional de Concertación, cuyos recursos serán adjudicados, en adelante, mediante convocatorias públicas.

La segunda línea, Cultura para construir Nación, busca crear sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo colectivo. Para ello se desarrollará el Plan de Lectura, fundamentado en el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas, que en el futuro no sólo incluirá a las públicas sino también a todas aquellas pertenecientes a otras entidades. Igualmente, se reactivarán herramientas fundamentales para el sector como la Ley del Libro y el Consejo Nacional de Lectura.

La descentralización y participación ciudadana, por su parte, incluye el aprovechamiento de la infraestructura cultural local mediante la unión de esfuerzos de entidades estatales y privadas, el compromiso de las regiones y el rediseño del Sistema Nacional de Información Cultural, Sinic. En esta línea de acción se resalta el impulso que se dará al movimiento de bandas musicales -como espacios de encuentro de la comunidad y ejes de procesos sociales- y el “peaje cultural”, que se establecerá a alcaldes y gobernadores como mecanismo para comprometerlos, pues apostarle a la cultura garantizará el acceso a diversos incentivos otorgados por el gobierno central.

El proyecto cultural del nuevo gobierno también comprende la optimización de la Agenda internacional, con miras a fortalecer las políticas prioritarias en materia de cultura y la gestión de recursos.

Adicionalmente, promoverá la Cultura como eje de desarrollo, para lo cual atenderá aspectos de vital importancia como las industrias culturales, la dignificación de los trabajadores de la cultura, el turismo cultural y la cultura como eje en los planes de desarrollo territoriales y sectoriales.

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