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La reforma constitucional que se realizó en 1991 intentó romper con viejas tradiciones y jerarquías sociales que durante siglos se forjaron en el país, basadas en sólidas fronteras de raza y de clase.
La Constitución, al definir a Colombia como un Estado Social de Derecho, afirmó que su fin era crear las condiciones para la realización de la justicia social y que toda su actuación debería estar presidida por la Ley, entendida ésta como marco de convivencia y garantía de derechos y deberes de todos los actores sociales.
En este sentido, consagró la descentralización en su aspecto administrativo, fiscal y político, porque reconoció el protagonismo que tenían los entes territoriales y los diversos actores sociales, frente a su desarrollo económico, social y cultural, y por tanto en la definición y ejecución de las políticas públicas.
Con relación a lo cultural, se le asignó al Ministerio de Cultura la tarea de formular, coordinar y vigilar el desarrollo de la política cultural; a las instituciones departamentales de cultura la tarea de apoyar y asesorar los desarrollos culturales de los municipios de su jurisdicción, coordinando las políticas culturales y estimulando y fortaleciendo la participación de los municipios y organizaciones en los procesos de planeación; y a las entidades municipales, articuladas con la política cultural nacional y departamental, les designó la ejecución del plan de desarrollo cultural municipal, y el seguimiento y evaluación a los diferentes programas y proyectos culturales.
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Publicación sobre Legislación población negra.
La participación política y social consagrada en la Constitución supone el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido, así como a presentar propuestas legislativas. Esta participación se hizo efectiva a través de mecanismos como el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta popular, el cabildo abierto, el voto programático y la revocatoria del mandato.
Como mecanismos de participación social y de planeación sectorial, se constituyeron los consejos de participación sectorial, creados en cada nivel de gobierno. Dentro del nivel municipal se encuentran: la Junta Municipal de Educación -Jume-, el Consejo de Participación Comunitaria para el Sector Salud -Copaco-, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR-, el Consejo Municipal de Juventud y el Consejo Municipal de Cultura -CMCU.
Con relación a lo cultural, algunos de los aspectos relevantes de la Constitución de 1991 son que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; determina la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; promueve el derecho a la identidad de los diversos pueblos que habitan el país, los derechos de participar y disfrutar del conocimiento, el arte, la ciencia, la tecnología y demás bienes y valores de la cultura nacional; y promueve la intervención del Estado en la actividad económica privada, en consideración al interés social y a las exigencias del patrimonio cultural de la Nación.
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